domingo, 21 de octubre de 2007

El Estado de derecho, una asignatura pendiente

Por Juan Martín Alterini. Primer candidato a Senador Nacional por el Partido Demócrata Progresista.

En el año 1998 el Congreso Nacional aprobó la ley 24.967 que dispuso la elaboración de un Digesto Jurídico que permita condensar con claridad cuál es el sistema jurídico argentino vigente. Como todos sabemos, hay más de 26.000 leyes en nuestros repertorios; muchas de ellas han sido derogadas parcialmente, otras tantas han caído en desuso y las restantes serían las que deben trazar los lineamientos de las conductas permitidas y prohibidas. En suma, con tan significativo avance normativo se podría esclarecer el sistema jurídico vigente sin dubitaciones ni inseguridades.

Nuestra Constitución, por su parte, establece como principio rector del sistema que lo que no está prohibido por la ley, se encuentra permitido.

Así las cosas, y en el reseñado contexto de más de 26.000 normas, ni el más avezado técnico en leyes puede saber a las claras cuál es la conducta permitida, o, peor aún, cuál es la prohibida. Tal incertidumbre repugna, ciertamente, a la seguridad jurídica que también inspiró a nuestros constituyentes. Mal puede hablarse de inversiones, de progreso, de crecimiento sostenido sin aclarar, en definitiva, el sistema jurídico argentino.

Así como cualquier deporte requiere de reglas claras que luego serán interpretadas por los árbitros- la Nación y la ciudadanía las exigen. Nótese, por otra parte, que en la claridad de las reglas estará la posibilidad certera de la inversión y de su imputación a las necesidades ciudadanas.

Desde el año 2003 la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a través de sendas Comisiones integradas por los más prestigiosos juristas, ha presentado al Poder Ejecutivo el Digesto Jurídico. El interés político en que éste sea aprobado nunca se ha mostrado. La ley que condensa todo el ordenamiento jurídico vigente en nuestro país ha sido relegada quien sabe con qué finalidad.

La tarea se cumplió acabadamente. La norma proyectada se encuentra como otras tantas asignaturas pendientes, “durmiendo” en los despachos de políticos demagogos que nada aportan a la seguridad jurídica.

La República, el progreso y la certidumbre aguardan como una más de las asignaturas pendientes que el poder político no demostró interés en realizar. Los perjudicados, con toda seguridad, somos los argentinos que nos vemos literalmente privados de conocer el marco normativo vigente y en él, la añorada seguridad jurídica.

Cuando la obligación legal que tenemos todos los habitantes de la Nación es la de conocer la ley tal como lo dispone el propio Código Civil- ¿Cómo se alcanza tal conocimiento sin que haya claridad en el sistema jurídico?

Esperamos, como señalé, que de una buena vez la institucionalidad sea moneda corriente en nuestro país y no sólo un efectista slogan de campaña.

Fuente: El Cronista Comercial