miércoles, 29 de septiembre de 2010

"Conflicto de Poderes": Dr. Juan Martín Alterini, Poder Ejecutivo

El 27 de mayo de 2010 se celebró una audiencia pública que funcionó como antesala para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resuelva acerca de la existencia de un supuesto "conflicto de poderes" alegado por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad ante el dictado, por parte de algunos jueces de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, de medidas cautelares suspensivas del procedimiento reglado de postulación de una candidata para integrar el máximo tribunal local debido a irregularidades denunciadas en el proceso.
El Dr. Juan Martín Alterini, representante del Poder Ejecutivo de la Ciudad, expone la posición de la Administración porteña.

lunes, 5 de abril de 2010

Traspaso de la Justicia a la Ciudad

Si bien con polémicas y diferentes proyectos, el tema de la promoción de la autonomía judicial para la Ciudad de Buenos Aires vuelve a discutirse en el Parlamento.

Luego de permanecer varios años bajo la alfombra, la polémica en torno al traspaso de la justicia ordinaria de la Capital Federal a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a cobrar protagonismo. Dos proyectos de ley, uno del oficialismo y otro de la oposición, fueron presentados en el Congreso de la Nación y hay acuerdo para que sean tratados en las próximas semanas. Si bien ambas iniciativas apuntan al mismo objetivo -la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria hacia la Ciudad- presentan algunos matices. El plan del gobierno nacional impulsado por Carlos Kunkel y que lleva la firma de 13 diputados más, propone la creación de una Comisión Bicameral, compuesta por diez senadores y diez diputados, que presente un dictamen para promover la transferencia. En cambio, el proyecto elaborado por los diputados del PRO Paula Bertol y Federico Pinedo apunta directamente a concretar el traspaso mediante la modificación del artículo N´ 8 de la Ley 24.588: “La jurisdicción y competencia de la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigentes al momento de la sanción de la presente ley pasarán a formar parte del Poder Judicial de la Ciudad”.
Otra diferencia, y quizá la que despierta más polémica, tiene que ver con el presupuesto para afrontar el traspaso. En la iniciativa de Kunkel no se especifica cómo se resolverá la cuestión, mientras que la del PRO señala que “los gastos correspondientes serán absorbidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una vez que le sean transferidas las partidas presupuestarias actualmente afectadas al funcionamiento de la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires”.

Al referirse a su proyecto de ley, Kunkel dijo que “buscamos una mayor integración y transparencia, aunando esfuerzos en un mejor servicio de justicia”.
La propuesta del kirchnerismo despertó desconfianza en autoridades del gobierno porteño, quienes la ven muy similar a lo que hizo el oficialismo nacional con el traspaso -frustrado finalmente- de la Policía Federal, que habilitó la transferencia pero sin las partidas presupuestarias correspondientes. En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, Gerardo Ingaramo, advirtió a El Cronista que “la Justicia debe ser traspasada a la Ciudad con los recursos pertinentes, si no estamos sumando otro problema más a la cuestión”. En sintonía con él se pronunció el procurador adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Alterini: “No hay presupuesto oficial que pueda resistir. Es muy utópico pensar la transferencia si no viene acompañada de los fondos”. No es un tema menor, si se tiene en cuenta que de concretarse se transferirían 300 juzgados de los fueros laboral, familiar y de minoridad, comercial y algunos penales, lo que demandaría una suma de más de $ 900 millones.

La limitación a la autonomía data de 1996, cuando se sancionó la Ley Cafiero que impidió instrumentar la autonomía judicial. Así, el Congreso limitó por medio de la ley 24.588 los alcances de la plena autonomía que la Constitución Nacional reformada en 1994 había otorgado a la Ciudad. Sólo se permitió que se transfieran las competencias sobre 16 delitos pertenecientes a dos fueros: contravencional y contencioso.
Con el traspaso de la Justicia, “los porteños tendrían la oportunidad de ver resueltos sus problemas de violencia familiar, de alimentos, de vecindad, de desalojo, entre otros, por jueces conciudadanos a quienes, a su vez, podrían controlar de modo directo”, describió Ingaramo. En la actualidad, estos problemas son resueltos por jueces elegidos, removidos y/o sancionados por el Consejo de la Magistratura de la Nación. “Es injusto para los ciudadanos porteños que no puedan elegir los representantes que van a resolver sus cuestiones”, apuntó Alterini en diálogo con El Cronista y agregó: “muchos de estos jueces desconocen la realidad propia de la ciudad y, a su vez, sus actos no son controlados por los porteños”, ya que son observados por el Consejo de la Magistratura Nacional y aplican la Constitución de la Nación y no la porteña.

Fuente: Victoria Urdines / Cronista Comercial

domingo, 21 de marzo de 2010

Con la boda gay se debate la autonomía porteña

Juan Martín Alterini (34) es el hijo de Atilio Alterini, el hasta hace pocos días decano de la Facultad de Derecho de la UBA. Y oficia, junto a Ramiro Monner Sans, como Procurador Adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, el organismo de control que tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos.

Ambos son abogados del Estado porteño. Y ambos están a la espera de ser ratificados en sus cargos por la Legislatura. Todo indica que Monner Sans se convertirá en el Procurador General de la Ciudad –su pliego está en el Parlamento–, un cargo que actualmente está vacante. Alterini milita en PRO desde el Partido Demócrata Progresista –hace dos años, a los 32, fue candidato a senador por ese espacio–, y en estos días le tocó convertirse en vocero de la estrategia legal que eligió llevar adelante el Gobierno de la Ciudad para lidiar, otra vez, con la boda gay. Una Ciudad que, como todo centro cosmopolita, se ha convertido culturalmente en "gay friendly
". Una vez más, y tal como sucedió con el divorcio, que primero se instaló de hecho, la cultura está mucho más adelante que la política y la ley.

“Si un tercero, por fuera de mi matrimonio, pidiera mi divorcio o el de Néstor y Cristina Kirchner, sería el mismo dislate que ocurrió con este casamiento gay porque fue un particular el que se opuso a la boda, y después un juez con competencia nacional le hizo lugar al pedido de nulidad de un modo invasivo. Al vicio de pedir se le puede oponer la virtud de no dar”, plantea Alterini.

Así explica este abogado, especialista en Derecho Administrativo y con siete libros en su haber, el laberinto legal abierto por la polémica de competencias desatada por la boda entre Damián Ariel Bernath y Jorge Esteban Salazar Capón en los primeros días de marzo. Habilitada por la jueza porteña Elena Liberatori, la unión fue inmediatamente objetada por el juez civil Félix de Igarzábal.

Se trata del mismo magistrado –nada gay friendly, por cierto–que ya había logrado anular la boda de Alex Freyre y José María Di Bello, en noviembre pasado, la primera pareja de varones que, finalmente y a raíz de tantos tironeos jurídicos, terminó casándose, literalmente, en el fin del mundo: en Tierra del Fuego.

“Aquí lo que se está discutiendo no es el matrimonio gay sino la autonomía del Poder Judicial de la Ciudad y, más profundamente, la autonomía porteña”, sentencia en la contra de NU. Tal como sucedió en noviembre, cuando el Arzobispo de la Ciudad, Jorge Bergoglio, le bajó el pulgar a Macri por haberle dado luz verde a un casamiento entre hombres. Con elegancia, Macri busca ahora que sea la Corte Suprema quien decida quién tiene razón. Y sobre todo, quién tiene competencia para casar y descasar.

–¿El PRO quiere ser gay friendly?
–¡Qué mala que sos!

–Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo si fuera así?
–Aquí lo que se discute es un tema técnico, jurídico.

–Pero no me va a negar que, por más técnico y jurídico que sea, aquí se está jugando otro tema mucho más delicado y sensible, quizá una nueva filosofía de vida o una forma diversa de concebir la familia. ¿Nunca le llegaron presiones de la Iglesia, por ejemplo?
–No, nunca. Ojo: soy católico, apostólico y romano, pero tengo mis convicciones personales y jurídicas.

–Más allá de la discusión que se da hoy en la Ciudad, lo cierto es que el debate por los nuevos derechos está instalado en las sociedades democráticas occidentales. ¿Cree que la Justicia debería abrir caminos que la política no puede o no quiere abrir?
–Estoy bastante cercano a ese pensamiento, sí. Lo cierto que es cuando un juez sienta una posición, sus consecuencias son culturales, sociales y, si el caso es sensible, transciende en el tiempo. Así nació, desde la Justicia, la noción del control constitucional.

–También el racismo en Estados Unidos empezó a ser cuestionado, primero, desde la Justicia, antes que desde el poder político, cuando un fallo prohibió la discriminación de los chicos negros en las escuelas públicas.
–Exactamente. Y la jueza Liberatori, en su resolución, también apeló a tratados internacionales con rango constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica, que impiden este tipo de discriminaciones. La realidad es que el matrimonio gay no está prohibido por el Código Civil.

–¿Y si algo no está prohibido está permitido para la ley?
–Sí. Y la jueza Liberatori lo entendió así, y la realidad es que ni siquiera está contemplado. De allí que no es que se haya violado el Código Civil: ocurre que, en todo caso, allí hay un vacío legal que la jueza suplió apelando a la Constitución Nacional, donde sí hay un marco jurídico que legaliza la habilitación de un matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad. Luego, un juez civil, con domicilio en la Ciudad y con jurisdicción nacional, que coexiste con la Capital, pide la nulidad de ese acto, en una actitud que es, por lo menos, reprochable.

–Las personas católicas, sin embargo, pueden interpretar que se está vulnerando una cultura, un modo de ver la vida.
–Perfecto. Para eso está el derecho canónico. Evidentemente, dos personas de un mismo sexo no podrán acceder a una ceremonia litúrgica.

Se recibió de abogado en la Universidad de Belgrano. Cuando empezó a estudiar, Atilio Alterini no era todavía decano de la Facultad de Derecho de la UBA, donde hoy es docente su hijo, Juan Martín, que está casado con una estudiante de Derecho y tiene una hija. A pesar de sus 34 años, tiene en su currículum varios posgrados y charlas internacionales.

Criado políticamente en la Democracia Progresista, el partido de Oscar Moscariello, su héroe es, previsiblemente, Lisandro de La Torre. Su pasatiempo, el ajedrez; su canción preferida, “Honrar la vida”, que canta con su hijita y, según cuenta, la idea de “tomarse unas vacaciones” sólo le parece viable y disfrutable con una valija entera de libros. “De lo contrario, no sería yo”, refiere.

–Pobre su esposa, ¡qué aburrido!
–Ella me conoció así, de lo contrario no sería mi esposa. Creo en el “tómalo o déjalo”, en el mejor de los sentidos.

–Hablando de relaciones conyugales, ¿cómo está Buenos Aires en violencia doméstica? ¿La Procuración inicia juicios o sólo puede asesorar a mujeres golpeadas?
–No sólo hay mujeres golpeadas, también hay hombres y, por supuesto, chicos. En el caso de los juicios que se inician por violencia doméstica, la relación es de once a uno en favor de las mujeres maltratadas. Sólo en febrero se hicieron 1.235 consultas –nosotros atendemos consultas y llevamos adelante juicios para personas que carecen de recursos–, en un área, como la violencia, que encabeza el ránking las demandas de justicia.


Fuente: Laura Di Marco - Noticias Urbanas